Fernando Alcalde. Miembro de Buxus, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 14 de Abril. Comarca de la Costa de Granada (ARMH 14 Abril) y colaborador de otragranada.org
El ayuntamiento de Motril acaba de duplicar la superficie del municipio destinada a invernaderos hasta alcanzar los 40 millones de m2, frente a los 16 millones de m2 actualmente existentes. Esto no tendría mayor importancia si el sistema de gestión de residuos estuviese resuelto, si los envases de fitosanitarios se gestionasen adecuadamente, si las instalaciones no llegasen hasta el mismo borde del casco urbano y… ¡si fuese necesario! Desde 2007 la superficie de invernaderos en Motril se ha estabilizado después de una pequeña caída, dejando 6 millones de m2 de suelo clasificado para esta actividad sin ocupar. ¿Por qué entonces esta reclasificación masiva? Lo desconocemos, pero quizás tenga algo que ver que esta propuesta permite legalizar muchas explotaciones realizadas al margen de la normativa urbanística cuya situación le dificultaba acceder a las ayudas públicas y quizás también, el interés de algunos propietarios en el cambio de clasificación de sus suelos.
Sorprende la media de duplicar la superficie de invernaderos ya que es un sector que apenas presenta nuevas demandas de suelo
Veamos los datos. En Motril, según la Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural, la agricultura intensiva comenzó a implantase hacia 1977 expandiéndose hasta alcanzar su máximo, según el Ayuntamiento de Motril, en 2007 con 1.477 has, con pequeños descensos posteriores hasta estabilizarse en las 1190 has. actuales.
En este momento hay entre 400 y 700 has destinadas a invernadero sin ocupar en el municipio, y no parece que vayan a hacerlo pronto teniendo en cuenta la situación de estancamiento, cuando no descenso, que este tipo de agricultura muestra en los últimos años.
Sorprende, así, la energía y el tiempo dedicados a esta modificación del PGOU por los sucesivos gobiernos municipales. Y sorprende, especialmente, la superficie que se ha destinado a este uso: 4000 has, esto es, 40 millones de m2 (a los que hay que restar las 1190 has actuales) para un sector que apenas presenta nuevas demandas de suelo.
Hay problemas ambientales y de ordenación del territorio no resueltos en la práctica y se puede entrar en colisión con otras agriculturas
Desde el punto de vista ambiental las afecciones son conocidas: movimientos de tierras, aumento de la erosión, impacto paisajístico, aumento de la escorrentía, dispersión de residuos, fragmentación de hábitats, etc. Es cierto que sobre el papel algunas de estas externalidades están resueltas pero, sobre el terreno, no es así; basta pasear por el medio rural, y especialmente por los cauces, para ver que son auténticos vertederos, con el agravante de que todos estos residuos acaban en nuestras costas cada vez que llueve.
Desde el punto de vista de la ordenación del territorio la decisión plantea varios problemas: la ocupación de suelos que estaban protegidos por el riesgo de erosión o por sus características agronómicas; la ruptura del modelo de ordenación municipal, que actualmente divide el municipio en tres grandes sectores para evitar la colisión entre los intereses turísticos, comerciales y agrarios; y tercero, la dispersión de actividades en un territorio tan amplio que hace inviable la puesta en marcha de servicios comunes como puedan ser la recogida de residuos o la evacuación de pluviales.
Existe una cuestión adicional, ya que los suelos clasificados afectan a zonas de laderas y de la Vega de Motril donde compite con otras agriculturas actualmente en expansión: los subtropicales y los cultivos de huerta, muchos de ellos desarrollados sobre suelos en arrendamiento que, posiblemente, se vean afectados por las expectativas de alza en el precio del suelo.
El empleo en la agricultura intensiva es de mala calidad, no genera rentas y crea desigualdades
Como contrapeso a todo lo anterior se esgrime siempre la misma retórica: la agricultura intensiva es la principal fuente de empleo y riqueza de la Costa de Granada. Y es cierto que genera empleo, pero un empleo mal pagado, temporal, inestable, incapaz de generar rentas que arrastren al sector servicios y que repercuta en un incremento de la prosperidad general. Basta revisar la renta per cápita de los municipios cuya economía depende de esta actividad para constatar este hecho. Municipios casi monoespecíficos en el plástico como El Ejido, Berja, Albuñol, Gualchos o Adra se sitúan en posiciones de ranking de renta nacional casi mil puestos por debajo de Motril. Lo mismo ocurre al observar el grado de desigualdad medido con el índice de Gini: a mayor peso de esta economía, mayor desigualdad en la renta de sus habitantes.
Esto es así porque el modelo de economía agraria intensiva es claramente piramidal: una base de asalariados mal pagados y precarios; un sector intermedio constituido por los pequeños propietarios que trabajan en la explotación con la mayor parte de su familia, endeudados y dependientes de los precios que se le fijan desde arriba, desde las comercializadoras, que constituyen la punta de la pirámide y donde se concentran los beneficios. De este modo, este modelo agrario genera una enorme disparidad de rentas entre los productores y los comercializadores pero, además, presenta un trato fiscal desigual respecto de otras actividades productivas municipales, ya que demanda servicios a la comunidad (caminos, red de evacuación de pluviales, iluminación) pero no tributa al municipio por ello.
Detrás de la duplicación de suelos para invernaderos puede estar la pretensión de legalizar explotaciones que están fuera del marco de ordenación actual
Parece claro que lo que subyace a toda esta operación de cambio de suelo no es aumentar su disponibilidad, pues no existe esa demanda. Se trata, creo, de posibilitar la legalización de las explotaciones que están fuera del marco de ordenación actual y, para ello, no se ha dudado en utilizar toda la artillería administrativa necesaria. Esa misma que siempre falta cuando se trata de preservar el patrimonio común.
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