Manuel Morales. Coordinador Provincial de Izquierda Unida.
Publicado en Correos de la Vega
La crisis del ladrillo ha paralizado miles de planes urbanísticos por toda España. Sin embargo, la lentitud de la administración de justicia hace que sea ahora cuando se dilucidan en los tribunales muchas de las denuncias sobre irregularidades urbanísticas que han protagonizado este último lustro de frenesí constructivo. Mucho ha sido lo denunciado, pero me temo que al final las únicas víctimas de la mayoría de estos procesos serán los propios habitantes de los pueblos donde tales desaguisados se producen. Se impone la búsqueda de modificaciones legislativas para acabar con tanta impunidad como rodea a la infracción urbanística. Repugna a la razón la acumulación de casos de irregularidades urbanísticas en los que aparecen situados en el ojo del huracán –y con justicia- los responsables políticos que favorecieron claramente a determinados promotores, mientras estos promotores quedan, en la mayoría de los casos, impunes. No sólo ocurre esto, que ya de por sí es injusto, sino que además, se producen ocasiones en que tales promotores se dirigen contra la administración, reclamando daños y perjuicios, al tener que renunciar al lucro que llevaba aparejada la operación urbanística afectada por paralización, anulación o derribo.
Los asuntos se resuelven judicialmente tarde, volvemos a decirlo. Normalmente, no se demuestran responsabilidades de tipo penal. Si que suelen quedar claras las responsabilidades políticas (laxitud, ineficacia, torpeza, negligencia…) pero normalmente fuera de plazo, cuando el político de turno ya se encuentra lejos, defenestrado en su propio partido, jubilado de la política o elevado a otras instancias. A salvo, en cualquier caso de la obligada dación de cuentas ante el electorado. La impunidad es pues total. Los políticos pasan, pero los ciudadanos quedan, y puede llegar a darse la paradoja de que la ciudadanía víctima del atropello urbanístico, tenga que acabar indemnizando a los promotores que en última instancia pretendían lucrarse y que, por esta vía, lo acaban logrando. Se cierra así el círculo, y la falta urbanística no sólo queda impune sino que triunfa, al terminar por hacer caja.
Para poner nombre a las cosas, haciendo memoria de hechos más o menos recientes, recordemos el absurdo del “Rey Chico” que, pese a las miles de firmas de protesta, al evidente impacto ambiental y la voluntad declarada del ex alcalde Díaz Berbel de derribarlo, no sólo sigue en pié, sino que los mismos granadinos que rechazaron su existencia, tuvieron que pagar de su bolsillo 4 millones de euros al promotor para comprar lo que nunca debió levantarse. Con esta dinámica, hay decenas de casos en la provincia: el alcalde se equivoca o es cómplice, el tiempo pasa, el alcalde se va y viene otro que tiene que acabar pagando, con dinero público, indemnizaciones, compras y compensaciones a los mismos que provocaron la irregularidad. Los ciudadanos, después de “perjudicados”, pagan la cama.
Recientemente saltó a los diarios provinciales la denuncia del hermano del ex alcalde de un municipio del área metropolitana, que recibió de dicho alcalde trato de favor para edificar más de lo que debía donde no debía. Otro equipo de gobierno posterior, avalado por el Consejo Consultivo, revisa y anula las arbitrariedades. ¿Resultado? El promotor (recordemos, hermano del alcalde) pide al pueblo 6 millones de euros de compensación, amparándose en que él no entiende de barcos, y que a él, el pueblo le dio permiso para edificar, así que ahora, si no puede vender lo edificado, se le tiene que pagar con dinero público. ¿Es aceptable que un municipio tenga que enfrentarse a este chantaje? Porque la impunidad desemboca en una situación paradójica, en la que un pueblo tiene que elegir entre consentir el incumplimiento de la ley o su ruina económica, vía indemnización.
El Rey chico, de cuya vergonzosa adquisición pública celebramos ahora 10 años, será una broma entrañable, un caso menor, si el culebrón del Centro Nevada acaba como muchos nos tememos que puede acabar: con la constatación de la comisión de todo tipo de errores, negligencias y meteduras de pata por parte del Ayuntamiento de Armilla, pero con la imposibilidad de demostrar delitos mayores tanto por parte de políticos como de promotores. Entonces vendrá la terrible decisión ¿Nos tragamos el Mausoleo de la Vega como está o pagamos entre todos decenas de millones de Euros al promotor para poder derribarlo?
La elección nunca debería plantearse así, pero así se plantea al fin. La población queda indefensa en la paradoja, porque no tiene escapatoria, porque no puede huir de un territorio depredado, como hacen los i-responsables políticos o empresariales. La resolución de la paradoja pasa por modificar el derecho administrativo y el penal, introduciendo modificaciones que permitan acabar con la ficción de que un promotor no sabe cuando un alcalde le está haciendo un favor al margen de la ley. Los promotores saben. Claro que saben. Hasta el ciudadano más torpe sabe que tiene que pedir una nota simple cuando se compra un piso ¿Y un promotor no va a saber que le están dando 9 alturas donde solo hay 7 legalizadas? ¿O que el terreno urbanizable termina a la mitad de su finca? ¿O que puede surgir un problemilla si el Ayuntamiento le consiente que multiplique por cinco la edificabilidad prevista? No sé yo como estos promotores tan torpes han sido capaces de hacer tanto dinero. Estas cosas se saben, y además, abrigamos la sospecha de que se pagan. Es urgente plantear medidas en las que el promotor se vincule al conocimiento de la ley, medidas que podrían incluir la presentación por parte de los promotores de informes jurídicos independientes, visados por el colegio de abogados, como certificación paralela a los informes jurídicos municipales, de la adecuación a la ley de los proyectos urbanísticos. Medidas en cualquier caso que deben evitar que quienes diseñan la irregularidad puedan decir después que “sólo pasaban por allí”. Si por inacción, quienes son responsables de la redacción de las leyes, consienten que este estado de cosas se prolongue en el tiempo, la piratería urbanística no será ya tal piratería, ya que quienes se enriquecen al margen de la ley con lo que no es suyo, sino del pueblo, lo estarán haciendo a sabiendas de los responsables políticos, por concesión administrativa casi, como verdaderos Corsarios con patente y todo.