Publicado en El Mundo Obrero de Almuñécar y en Correos de la Vega
En esta Andalucía nuestra, todos los que tenemos cierta edad conocemos historias de caciques que hacían y deshacían a su antojo. El alcalde de Almuñécar, Benavides, fue un buen aprendiz del proceder de estos personajes. Os contamos; Fermín Tejero y Javier Egea cometieron un “delito”, se opusieron a un futuro PGOU demencial que destruiría completamente la Vega de Almuñécar, a pesar de que les había “tocado la lotería”, según palabras de un concejal que les comunicó que la finca de la que eran propietarios ellos y otros amigos, sería recalificada y les reportaría muchísimo dinero. Esa oposición al PGOU y a ser ricos generó la divertida caza del cacique: "A por ellos". Y caprichosamente le cerró un camping que tenían en su finca. Fermín nos cuenta la historia. Merece la pena leerla, precisamente el próximo fin de semana celebramos el II Encuentro por la Sostenibilidad en Granada. Los hechos que nos denuncia Fermín son un claro ejemplo de los obstáculos a la participación democrática, tema que abordaremos en dichas jornadas.
Este documento nos lo “presta” nuestro amigo Nicolás González Maraver, que lo publicó en el Mundo Obrero de Almuñécar. Publicación de la que, junto a La Mosca Cojonera es autor. Gracias, Nicolás, y a seguir informando tan bien como tú lo haces.
El juzgado de primera instancia e instrucción nº 2 de Almuñécar, dicta trámite de procedimiento abreviado por un delito de prevaricación contra: Juan Carlos Benavides Yanguas, Emilio González Pavesio y Francisco Onofre Montes
Fermín Tejero, concejal de IU de Almuñécar, sienta en el banquillo al alcalde Benavides.
Después de cuatro años de acoso sistemático por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almuñécar, varios de los actores tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados.
El proceso de acoso se inicio contra el centro de educación ambiental de Karanda S.L. y el camping Carambolo, como represalia contra mi por el simple hecho de oponerme como persona a la destrucción de las vegas agrícolas de nuestro pueblo. La orden se dio después de conocer una nota de prensa de CGT criticando el campo de golf de la vega de Río Verde, y se ordenó, aludiendo a mi persona y al camping “enviarle a los perros”.
El centro de Educación Ambiental se encuentra situado en la Vega de Río Verde, en la antigua finca “Rancho California”, donde se llevó a cabo la introducción del aguacate en Europa al final de los años 40 y principio de los 50. Las instalaciones de esta finca tienen 60 años, y un grupo de personas en 1995 pusimos en marcha un proyecto de educación ambiental solicitando la adaptación de las instalaciones. El centro y el camping están totalmente legalizados y con los permisos y licencias pertinentes desde 1995. Desde 2005 estamos reconocidos por resolución de la Junta de Andalucía como RESERVA ECOLÓGICA en base a la Ley de Flora y Fauna.
La campaña de acoso comienza con una inspección tan exhaustiva como infrecuente. Se lleva a cabo un sábado a las 9 de la mañana y tres días después se nos precintan las instalaciones sin que nuestra sociedad conociera ni se nos diera traslado de las actas de inspección ni de ningún plazo para subsanar nada. Parte de las inspecciones las realizaron auxiliares administrativos y un municipal, que le propone a la Junta de Gobierno el cese de la actividad y el corte de suministros. Estas inspecciones no se firmaron por ningún técnico competente ni cualificado.
Formalmente, se nos abre un expediente urbanístico y un expediente sancionador. Los motivos aducidos son dos: de un lado, la instalación de dos cabañas de madera del camping, autorizadas por Turismo desde 1999; de otro lado, se dice que son irregulares tres actuaciones de la Escuela Taller Río Verde, actuaciones coordinadas y dirigidas en todo momento a medias entre el INEM y los servicios técnicos municipales. En estas actuaciones, el papel del Centro de Educación Medioambiental se limita a ceder los terrenos para que esas instalaciones sean de uso público.
La Junta de Gobierno acuerda el precinto de todo el camping y el Centro de Educación Medioambiental, saltándose todos los procedimientos legales, sin decirnos razonada y fundamentadamente qué hay mal y qué tenemos que hacer para solucionarlo. Además del precinto de las instalaciones, en 2005 se nos cortó el agua por orden del ayuntamiento y se intentó el corte del suministro eléctrico, pero este corte no se llegó a producir porque las influencias de Benavides no llegaban a tanto. (Los suministros son anteriores a las leyes de urbanismo.)
En el verano de 2005, la sociedad presentó un Certificado de Solidez incluyendo la nueva situación, firmado por Arquitecto Técnico, con informe del arquitecto que realizó el proyecto original en 1995, y visados por el Colegio profesional. Asimismo, solicitamos un cambio de titularidad por cambios en el nombre de la empresa. Este cambio es un cambio automático que está reglado y se concede de manera automática. A pesar de ello, cuatro años después, el ayuntamiento no nos ha contestado. Para resolver el problema, solicitamos que se nos autorice por silencio administrativo positivo en octubre de 2007. La respuesta nos la dan en enero de 2008 cuando acuerdan de nuevo cesar la actividad con el argumento falaz de que las cabañas y las actuaciones de la Escuela Taller han cambiado sustancialmente nuestra licencia de actividad, acuerdo que se hace sin apoyarse en ningún informe técnico.
Durante la tramitación del expediente de cambio de titularidad se nos hacen dos inspecciones más y en las dos se hace por parte del ingeniero del ayuntamiento informe positivo. Según el técnico municipal no hay inconveniente alguno para que se conceda el cambio de titularidad. En otra vulneración más de la legalidad, el ayuntamiento no nos da traslado de esos informes.
Para rizar más el rizo, en 2006 se me falsifica la firma, presentando en el registro del ayuntamiento una supuesta denuncia contra un vecino. La presentación de esa denuncia falsa busca provocar una agresión contra mi persona y solo la casualidad hace que el tema se descubra porque el denunciado se pone en contacto conmigo, el supuesto denunciante.
Esta política de falsificar firmas para presentar denuncias no es la primera vez ni la última que se utiliza en este ayuntamiento. Por esas fechas, también se le falsifica la firma a otro vecino para presentar una falsa denuncia contra el camping por las cabañas de madera. Esta falsa denuncia es el documento que Benavides necesita para ponernos una denuncia por delito urbanístico. La denuncia fue archivada inmediatamente por el juzgado de Almuñécar pero sirvió para enmarañar ante la opinión pública y difamarnos en los medios de comunicación.
La arbitrariedad con que actuó la Junta de Gobierno en todo este proceso dio lugar a que el Juzgado nos diera la razón en una sentencia dictada el 8 de enero de 2008. Esta sentencia declaraba nulo todo el expediente urbanístico desde el principio. Sin embargo, año y medio después, la sentencia sigue sin cumplirse, en un desprecio de la Justicia que ya resulta habitual en este municipio, 15 meses después de la sentencia, seguimos esperando esa resolución que el ayuntamiento tenía que haber hecho de manera inmediata.
Después del cierre del verano del 2005, habíamos reabierto el camping en base a un acuerdo ambiguo de la Junta de Gobierno. En enero de 2008, 15 días después de ganar la sentencia, y como represalia, el ayuntamiento nos ordena de nuevo el cese de la actividad.
En el mes de marzo de 2008, sin haber hecho resolución de alcaldía, con ese acuerdo se nos envía a un municipal que actúa como inspector de actividades, y nos impone una multa de hasta 600.000 euros, aplicándonos la ley de espectáculos. (Es conveniente que se conozca que este municipal, por un delito anterior, fue apartado del servicio por sentencia firme unos días después de ponernos la multa) Un día después de la multa se nos hace la resolución de alcaldía ordenando el cierre, cierre que se prolonga hasta el día de hoy.
Ante esta nueva arbitrariedad, interpusimos otro recurso de reposición, recurso que el ayuntamiento ha tardado un año en contestar. Alucinantemente, su asesoría jurídica externa dice que el recurso es extemporáneo, porque aunque el sello del registro de entrada está en plazo, la fecha en que el documento se mecaniza en la secretaria del ayuntamiento es de un día después.
Durante este largo proceso de casi cuatro años, el expediente se perdió del ayuntamiento durante mas de un año sin que pudiéramos consultar el mismo, lo que constituye una clara ilegalidad porque los expedientes no pueden salir del ayuntamiento y porque los afectados tienen el derecho de conocer todas las incidencias del proceso.
Para aumentar nuestra indefensión, cada vez que hemos solicitado algo, el ayuntamiento ha utilizado, y sigue utilizando, la estrategia dilatoria de pedir un informe jurídico a un servicio externo en lugar de recurrir a los informes de los técnicos municipales. Esta forma de proceder permite dilatar los plazos de respuesta de manera injustificable y, además, con un servicio externo es más fácil tener informes a la carta.
Ante todas estas decisiones de la administración municipal, tenemos que defendernos y ante el silencio del ayuntamiento hemos tenido que iniciar seis contenciosos administrativos, la mayor parte de ellos tramitándose, así como una la querella criminal. Mientras la empresa tiene que asumir el coste tremendo de estos procesos, el alcalde no tiene ningún problema en seguir acosándonos porque sus servicios jurídicos se pagan con dinero público.
Para entorpecer nuestra defensa y enmarañar la situación, el ayuntamiento agota todos los plazos y utiliza otro tipo de tácticas sucias, entre las que se encuentran las de fotocopiar intencionadamente mal y de manera selectiva los expedientes. Igualmente, se ha utilizado otra táctica que es la de fotocopiar centenares de documentos repetidos y de otros que no tienen relación alguna con el caso con el fin de que llegue a los juzgados un aluvión de papeles que entorpezca el análisis del caso, el estudio del mismo y la resolución de las distintas fases de cualquier procedimiento judicial.
Así pues, año y medio después de haber ganado la sentencia que consideraba nulo el expediente, el Centro de Educación Ambiental y el Camping Carambolo siguen cerrados.
Cuatro años después de comenzar el acoso, el Ayuntamiento de Almuñécar no ha resuelto aun nuestros expedientes.
Además de la pérdida de puestos de trabajo, se está causando un daño irreparable a una empresa cuyo único delito es haberme tenido como parte de ella.
Aunque tarde, esperamos que la Justicia ponga las cosas en su sitio y castigue a todos los que hacen de la administración local un uso mafioso y represivo para coaccionar la libertad de expresión y de opinión de los ciudadanos.