Granada por una Nueva Cultura del Territorio

La modificación de la Ley de Costas, que ahora se llamará Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, no se hace por motivos económicos sino ideológicos y no supone ninguna nueva protección para el litoral, pero si una nueva privatización acorde con la actuación ideológica del gobierno del PP.

La modificación de la Ley de Costas no tiene nada que ver con la crisis económica pero supondrá una irreparable pérdida colectiva de espacios públicos y naturales.

Sábado 21 de julio de 2012 por Ecologistas en Acción.

La Ley de Costas (1988), una de las principales leyes de la democracia española ha sido motivo de orgullo para muchos españoles que podíamos decir “en España las playas son públicas”. Bueno pues ya están dejando de serlo. La importancia de la Ley de Costas del 88 ha sido mayúscula porque ¿qué hubiese sido del litoral español tras los últimos años de boom urbanístico de no haber existido? ¿Cómo tendríamos ahora el litoral solo en manos de las alcaldías y de las Comunidades autónomas?

El gobierno ha justificado el cambio en la ley afirmando que se introduce seguridad jurídica, pero desde nuestro punto de vista no es así, por el contrario se introduce arbitrariedad y discriminación, se introducen favores a dedo que suponen privilegios y excepcionalidades y que traerán consigo recursos y pleitos de quienes han cumplido hasta ahora. Así solo se justifica que se haya diseñado un régimen especial para 10 zonas problemáticas, a las que se excluye del dominio público marítimo terrestre (DPMT): Rocafel (Alicante), Puerto de Santa Pola (Alicante), Marina de Empuriabrava (Girona), Platja d´Aro (Girona), la ría de Punta Umbría (Huelva), el casco urbano de Isla Cristina y el Caño del Cepo (Huelva), Pedregalejo y El Palo (Málaga) y Oliva (Valencia). Unas 10.000 viviendas de estos núcleos conflictivos quedan excluidas de ser dominio público marítimo-terrestre.

Y se han excluido sin ningún criterio ambiental o de cualquier tipo, sin ningún estudio, solo por presiones particulares. Esto no aporta seguridad jurídica, solo es una arbitrariedad. Da la impresión de ser una modificación hecha “por…que si” (ya hemos conocido frases similares en boca del ministro Arias Cañete); arbitraria, sin justificaciones técnicas, discriminatoria y por tanto antidemocrática

Las viviendas en la playa podrán seguir 75 años más, que se suman a los 30 o 60 años que ya les dio la actual ley, vigente desde 1988. Es decir, podrán estar hasta el 2.123 y además se podrán cambiar y vender, es decir, de facto, una privatización a perpetuidad. Y esto, de nuevo, puede generar un agravio comparativo con quienes ya han perdido su vivienda por expropiación al aplicársele la Ley.

Otra modificación que va a suponer la privatización de extensas áreas costeras es la que indica que “no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no lo fueran”. Esto quiere decir que marismas, esteros y salinas donde el agua llegaba gracias a los ingenios del hombre, aunque impulsada por las mareas, pueden pasar a manos privadas. Se privatizaran extensas áreas costeras, tan amplias como la Bahía de Cádiz … ¿no es esto un cambio importante y radical?, ¿no supone esto una irreparable pérdida colectiva?

Se modifica el art. 3 de la antigua ley con un cambio en lo que ha de considerarse bienes de Dominio Público Marítimo Terrestre, indicándose que formarán parte de él “dunas que estén en desarrollo, desplazamiento o evolución, por la acción del mar o del viento marino u otras causas naturales, tengan o no vegetación. Las dunas se incluirán hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa”. Con esta redacción se ha dicho que quedarán fuera del DPMT las dunas fósiles y dunas muertas, pero este tipo de dunas no están en las playas; las dunas de las playas son todas activas, en desarrollo y evolución ya que en todo ecosistema litoral existen, al menos, las brisas marinas entre tierra y agua (cambiantes en la noche y el día y en las estaciones), cuando no vientos frecuentes y corrientes marinas de diversos tipos. Lo inquietante es el párrafo de la nueva ley que dice que “Las dunas se incluirán hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa”. Esto supone una nueva inseguridad ya que hablamos de un límite discutible, de apreciación y sin definición científica; otra nueva inseguridad jurídica y otra nueva arbitrariedad.

Así la posible reducción de la zona de DPMT en Doñana sigue estando al arbitrio o apreciación del deslindador. Además, la nueva Ley de Costas presenta otros aspectos con los que Ecologistas en Acción no puede estar de acuerdo:

La "cláusula anti Algarrobico" es más que dudosa ya que las competencias sobre urbanismo la tienen los Ayuntamientos y las CCAA e igualmente puede suponer disputas en el Tribunal Constitucional.

Limita la definición del alcance de los mayores temporales conocidos para establecer el límite del dominio público. Ahora solo lo serán si hay “referencias comprobadas” de que allí llegaba el mar; comprobadas ¿por quién, desde cuándo, en que organismo? Nueva inseguridad y arbitrariedad.

También permite la publicidad en las playas -hasta ahora estaba prohibido- “siempre que sea parte integrante o acompañe a actividades permitidas en el dominio público”. Es decir, bares, restaurantes, actividades deportivas, cultivos marinos y su venta…

Los chiringuitos y demás instalaciones desmontables de la playa recibirán un permiso cada cuatro años en vez de anualmente, como venía ocurriendo hasta ahora, y se anuncia que en un futuro se ampliará los metros que puedan edificar

La Ley de Costas del 88, precisamente por su defensa de lo público, ha sido incumplida utilizando todo tipo de artimañas por parte de las distintas administraciones y de particulares, y lo hay que hacer es defenderla, cumplirla y hacerla cumplir en vez de cambiarla.

Con esta nueva Ley de Costas se confirman privatizaciones en las playas y comercialización de lo que hasta ahora ha sido público, de todos. Pero además, en la costa reside la importante actividad turística cuya competividad radica de forma cada vez más clara en factores como la calidad paisajística y ambiental. La gestión sostenible y pública del litoral es claramente una obligación social y ambiental y resulta también un apremiante imperativo económico. La nueva Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral va justo en sentido contrario.

Ecologistas en Acción Andalucía

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