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Especuladores urbanísticos negocian con PSOE, PP y CIUDADANOS una amnistía total de las más de 300.000 viviendas ilegales existentes en Andalucía.

Sábado 4 de julio de 2015 por Ecologistas en Acción.

En los últimos meses, los infractores y delincuentes urbanísticos, como los organizados en torno a la asociación SOHA (Save Our Homes Axarquia) están logrando introducirse en las esferas del poder político para lograr la amnistía total de sus viviendas ilegalmente construidas, e incluso más allá, reformas en el Código Penal y en la LOUA para blindarles de toda acción judicial y dar carta de normalidad a este tipo de delitos urbanísticos. Han sabido jugar con la rivalidad política entre PSOE y PP para introducir una reforma en el Código Penal y para sacarles promesas de reformas legislativas contrarias a la sostenibilidad urbanística. Por otra parte, se han introducido en organizaciones políticas “bisagras” como Ciudadanos, que desde esta situación adquieren un poder superior al que le correspondería por los votos recibidos, para forzar en la Junta de Andalucía a modificar disposiciones legislativas a favor de sus intereses.

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Alcaucín - Axarquia - Málaga

La primera victoria la obtuvieron en el Senado, con el apoyo del PSOE, para introducir una modificación en el apartado 3 del artículo 319 del Código Penal, con el objetivo de retrasar la demolición de las viviendas ilegales hasta que no sean indemnizados introduciendo el texto: “condicionarán temporalmente la demolición a la constitución de garantías que aseguren el pago de aquéllas”. Consideramos que estos “paños calientes” vienen a constituir otro nuevo aliciente para la construcción ilegal.

El siguiente peldaño se obtuvo en la pasada legislatura con la promesa de la entonces presidenta Susana Díaz de modificar la LOUA para que se acojan al principio de prescripción las subparcelaciones realizadas en suelo no urbanizable con fines comerciales. Esta reforma finalmente no se ha realizado porque se disolvió antes el Parlamento Andaluz, pero es evidente que “está en cartera”. Hacer que no prescriba este tipo de delitos, los más perniciosos y más atractivos para la especulación urbanística, es el máximo desatino que se puede cometer y lo calificamos un abuso de poder.

En las últimas declaraciones, estos infractores y delincuentes urbanísticos de SOHA pretenden, a través de la formación política Ciudadanos, que la Junta modifique la LOUA para que sea legal la construcción de viviendas en el campo.

El discurso de la regularización de las viviendas ilegales es un arma política devastadora para el medio ambiente y el paisaje, así como para la política social, al favorecer unas formas constructivas que fomentan la insolidaridad y descohesión social, y para el propio estado de derecho al que desarbola en su núcleo más ejemplar, los jueces, fiscales, policía, políticos y ciudadanos cumplidores de las leyes, que son mayoría, constituyendo un escándalo de enormes proporciones.

Las reiteradas concesiones a los incumplidores, lejos de satisfacer las peticiones, aumentan las reivindicaciones en favor de nuevas flexibilidades, como es el caso de SOHA que sube un escalón más en sus reivindicaciones. Ya no se contenta con normalizar las viviendas de los compradores de buena fe, sino dar carta de normalidad a la construcción de viviendas en el campo. Dice el líder (ahora alcalde por Ciudadanos del Ayuntamiento de Alcaucín, uno de los municipios más insostenibles) que "hay que empezar a asumir la realidad social de la gente que vive en el campo", dando así salida a los afanes especulativos nacionales e internacionales. Amparar y defender a infractores y delincuentes, ¿es la regeneración democrática que nos trae Ciudadanos?

Las normas sobre uso del suelo obedecen a la lógica exigencia de un uso racional del suelo y frenar la especulación (artículos 45 y 47 de la Constitución Española) y que obliga a todas y a todos, sean de la nacionalidad que sea. Ha hecho falta muchos años de civilización para ir construyendo esas normas. Si prescindimos de ellas y establecemos que cada cual puede hacer lo que quiera donde quiera, debemos tener al menos la responsabilidad de decir cuáles son las consecuencias que tendrán nuestras propuestas, porque si no, deviene en demagogia y populismo de la más baja calaña, con el que tan frívolamente se dispara a otras cuestiones.

La solución a los problemas de la viviendas ilegales no se combate flexibilizando leyes, sino con una política decidida y financiada (principalmente por los principales actores), primero de contención y prevención de nuevas construcciones, y luego con decididas políticas de gestión, que incluya las demoliciones que sean necesarias. Es altamente escandaloso que la Junta de Andalucía solo haya efectuado una media de 4,3 derribos al año. De 5.438 casos investigados en los últimos años, sólo se han demolido 26 inmuebles, un 0,47% de los casos, un verdadero escándalo por el efecto llamada que esto tiene. O que la Junta de Andalucía diga que no tiene datos de cuantas viviendas ilegales hay en Andalucía, de la que es titular en exclusiva de las competencias de urbanismo (art. 56 del Estatuto).

Ecologistas en Accion Andalucia.


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